Con el fin de asegurar los derechos educativos de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, el CERTE promueve una educación para todos con suficiencia, en condiciones óptimas de funcionamiento en las escuelas, que responda a las necesidades de los diversos contextos. Para ello, aporta un marco de orientación para ejercer la autonomía de gestión escolar, identificar lo que necesita cada escuela y establecer procesos de mejora continua que puedan asegurar la disminución de las brechas educativas.

El CERTE orienta su labor a partir de una filosofía de trabajo basada en principios específicos y en un código de ética que deben cumplir todos los actores involucrados.

Principios de la filosofía de trabajo.

• Mejora continua. Este principio orienta el trabajo hacia el incremento permanente de los resultados educativos y de la calidad del servicio que se brinda; a partir de ejercicios cíclicos de evaluación, planeación, ejecución, verificación de acciones y documentación de los resultados.

• Responsabilidad social. Es el compromiso del Sistema para propiciar la participación comprometida y colaborativa de las autoridades educativas, alumnos, maestros, directivos, padres de familia y la comunidad en general, para la toma de decisiones y la corresponsabilidad en los logros educativos de las escuelas.

• Equidad. Sustenta la igualdad de oportunidades en el sistema educativo en función de una atención diferenciada que considere la individualidad, el contexto social, el ámbito cultural y el entorno geográfico.

• Autonomía de gestión escolar. A partir de este principio, se propicia que, guiada por el liderazgo del director, la escuela tome decisiones para la mejora sostenida y progresiva de los resultados y servicios educativos, desde su ámbito de gobernabilidad y a partir del aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, la administración y coordinación eficientes y la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar.

• Rendición de cuentas. Bajo este principio, se busca desarrollar una cultura de trabajo basada en evidencias y mecanismos de transparencia de los resultados y del uso eficiente de los recursos, como un acto democrático que permita conocer el estado que guarda la educación, proporcionando confianza y seguridad en los diferentes sectores de la sociedad.